Este artículo que lo tengo en primicia por intermedio de su autor, el Dr Jorge Luis Picón Gonzales, es un punto de vista importante en relación al dispositivo legal al Du 003;    que se supone debe estar discutiéndose con la debida acuciosidad en el Congreso, ante la presión del MEF por los temas que ello relaciona en empleo, banca y la misma economía; pero que ha recibido una respuesta fría de parte de ciertos congresistas de Fuerza Popular.  

Con la anuencia del  Dr Picón , publico el mismo, que  señala que  los escándalos de los casos “Lava Jato” y el “Club de la Construcción” han afectado profundamente al sector construcción, nuestra vida política y a la economía nacional.

 Tomando como punto de partida que durante mucho tiempo la gran construcción ha sido, y previsiblemente debería ser, el sustento directo de decenas de miles de familias en el Perú, así como uno de los principales motores de nuestra economía (infraestructura, puestos de trabajo, impuestos, demanda de insumos, entre otros), resulta claro que las medidas que se deberían haber adoptado debieron tener el cuidado que “la medicina no sea peor que la enfermedad”, es decir, no convertir a miles de trabajadores y a nuestra economía en general en víctimas de la falta de análisis y temores personales de nuestros gobernantes, que es justamente lo que ha ocurrido con el Decreto de Urgencia 003; y el proyecto de Ley 2408/2017-PE, no sólo no corrige errores obvios y costosos, sino que plantea expandir por todo el sector construcción medidas que no sólo carecen de un fundamento jurídico o siquiera lógico, sino que han demostrado estar equivocadas. Veamos de qué estamos hablando

DECRETO DE URGENCIA 003-2017

En febrero del 2017 cuando se publica el DU 003, el cual se emite en un contexto apresurado, hacía falta hacer algo, quizás cualquier cosa, así que dieron una norma reactiva que asegurase el pago de una reparación civil al estado, que nadie tiene IDEA cual será, así que se lanzan cifras extremas y mientras más altas mejor, y para eso se dan 3 medidas en contra de las empresa condenadas (no hay ninguna aún) o las que hubiesen confesado corrupción (es decir, una):

• suspensión del derecho de expatriar fondos,

• necesidad de obtener una autorización previa para la transferencia de bienes o derechos; y,

• obligación de retener aquellos importes ser pagados por el Estado.

¿Qué ha pasado en el último año en base a esta norma? 

 *paralización de las obras en curso,

 *ruptura de la cadena de pagos con proveedores,

 *pérdida de miles de puestos de trabajo,

 *retiro del sistema financiero de la obra pública (no renuevas cartas fianzas)

En otras palabras el principal afectado por esta norma está haciendo nuestra economía y de manera directa decenas de miles de familias que no están trabajando.

PROYECTO DE LEY N.° 2408/2017-PE

El proyecto propone no sólo mantener las medidas a las empresas ya incluidas (una), con un par de ajustes que dudosamente generarán alguna diferencia, sino plantea extender las medidas a dos grupos:

a. Las empresas que participaron en consorcios con las empresas que estaban en el DU 003

(i) obligación de establecer un fideicomiso de garantía o presentar una carta fianza, caso contrario se aplicará el régimen de retención de pagos para personas condenadas;

(ii) impedimento para expatriar fondos;

(iii) obligación de implementar un programa de prevención y cumplimiento; y

(iv) la obligación de revelar información a las autoridades competentes.

b. Se prevé un régimen opcional para las empresas que estén investigadas por corrupción o lavado de activos (hoy tienen en mente a las que estarían en el “Club de la Construcción”, pero potencialmente incluiría a cualquier empresa), en donde podrán optar por:

 constituir un fideicomiso de garantía;

 obligarse a revelar información durante la investigación; e

 implementar un programa de prevención y cumplimiento.

Se hubiera esperado que del análisis de lo ocurrido con el DU 003 se proponga un esquema que no dañe tanto nuestra economía, y paralice al sector construcción, pero lejos de corregir, la nueva propuesta pretende "  expandir" un enorme error. 

 Es claro a estas alturas que la solución propuesta es peor que la enfermedad. Es claro que el temor de las autoridad de ser acusadas de conspirar con la corrupción la están llevando a tomar medidas extremas, fuera de contexto, faltas de análisis y sin preocupación por las reales consecuencias que están provocando.