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SE ARMA EL QUILOMBO CUANDO NO HAY CLARIDAD

ES QUE LA POLITICA; LA ECONOMIA Y LAS FINANZAS : SE ENTRECRUZAN 

Publicado: 2017-06-22

Por : Dennis Falvy  

En Argentina se armó un Quilombo con el tema del bono a los 100 años y la llenada del estadio El Arsenal por Cristina Kirchner hecho  que “políticamente” no es poca cosa.

Aquí en Perú , apelando nuevamente a su sentido del humor, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, mencionó que el nuevo ministro de Economía y Finanzas no corre tabla, tal como hacía el ex ministro Alfredo Thorne, ni tiene el pelo verde.

Ello luego de volver a meter la pata, con aquello que tiene un Plan B. En rigor, el presidente no tiene ningún Plan en el abecedario .

La verdad es que  es difícil de " leer" . Así se tiene que eso  que indicó sobre sus declaraciones publicadas en el semanario The Economist a un eventual indulto a Alberto Fujimori, señaló que  estaban referidas a que es tiempo de ver el tema, mas no de tomar la decisión de otorgarle la gracia presidencial.La verdad es que desconcierta. 

En declaraciones a la prensa a su regreso de un viaje a Ayacucho, el mandatario señaló que "se cuidó mucho" cuando trató el tema con el medio inglés en la entrevista brindada en la segunda semana de junio, cuando estuvo en Madrid.

"Mire, yo creo que es el momento de ver el tema. Yo me cuide mucho en esa entrevista de decir qué cosas se me podrían atribuir. Ha salido esto, bueno, se verá con tranquilidad".

No descartó, sin embargo, que este pueda darse, asegurando -según él- que es un tema totalmente alejado de la política.

"Lo único que yo quiero decir es que no hay ninguna conexión entre un indulto humanitario y la política peruana. La política es una cosa, la salud de la persona es otra cosa" ( Ver The Economist en inglés como Quote).

El diario argentino página 12 hoy nos informa que , la no inclusión de Argentina como país emergente provocó un cimbronazo financiero. El dólar escaló a un nuevo máximo 

A pesar de todas las medidas del Gobierno a favor del sector financiero, la decisión de la banca internacional de no elevar a Argentina a la categoría de país emergente golpeó con fuerza en los mercados. El dólar subió a 16,54.  La Bolsa porteña bajó 4,8 por ciento, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se derrumbaron un 8 por ciento.  

El dólar aumentó ayer 15 centavos y se ubicó en un nivel record de 16,54 pesos. Las acciones argentinas que cotizan en la plaza bursátil de Nueva York marcaron caídas de hasta un 8 por ciento. 

La Bolsa de Buenos Aires retrocedió 4,8 puntos. El país no fue incluido en el índice de mercados emergentes del banco internacional Morgan Stanley y la noticia implicó un golpe de desconfianza entre inversores locales y extranjeros. La respuesta fue la salida de divisas especulativas, el refugio en moneda fuerte y el retroceso de los precios de activos financieros.

 La Argentina, pese a todas las medidas amigables con el mercado del último año y medio, continuará en la categoría de país fronterizo junto a Kenia, Kuwait y Bangladesh, entre otros. 

La recategorización, según estimaciones del JP Morgan, podría haber explicado la entrada de 1400 millones de dólares para la compra de acciones. Se trata de otra lluvia de inversiones que el Gobierno prometió para el corto plazo pero que no se concretará al menos por un año más. 

La megadevaluación de 2015, la eliminación de controles financieros, el recorte de impuestos a sectores de altos ingresos, la suba de las tasas de interés, el blanqueo de capitales e incluso la emisión de deuda a 100 años no fueron suficientes para convencer a los capitales internacionales de que la Argentina es una economía segura para invertir.

 La decisión de la banca internacional de mantener al país como economía fronteriza provocó una fuerte volatilidad en el mercado interno. El índice MerVal, que agrupa a las principales acciones de la bolsa porteña, registró una baja del 4,8 por ciento.

 Las empresas dedicadas al negocio bancario computaron las mayores caídas. El Grupo Financiero Galicia retrocedió 6,4 por ciento, al tiempo que el Banco Francés lo hizo al 4,8 por ciento. Otros declives importantes fueron los de Pampa Energía (-8,4), Transener (-6,2), Transportadora Gas del Norte (-4,7), Agrometal (-7,9) y Central Costanera (-5,8). En Nueva York las firmas argentinas se derrumbaron y empresas insignia como la petrolera YPF llegaron a bajar 18 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado (Premarket).

El Morgan Stanley decidió el martes a última hora no incluir a la Argentina entre las economías con categoría de emergente. En el mercado daban por descontado que iba a aprobarse el cambio y se esperaba una lluvia de inversiones del extranjero para la compra de acciones locales. 

Pero no hubo modificación y el país continuará en situación de economía fronteriza al menos hasta 2018. Esto generó un shock en la plaza bursátil porque la regulación impide a muchos fondos de inversión internacionales comprar activos de países fronterizos.

“Finalmente se postergó para el año próximo (junio 2018) la posible vuelta del mercado argentino a emergentes. En consecuencia, nos mantenemos en fronterizo al menos por un año más, compartiendo el status con países como Croacia, Lituania, Nigeria, Kenia, Kuwait y Bangladesh, entre otros. Argentina, puntualmente, es el único fronterizo dentro de la región (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú son emergentes)”, precisaron en la agencia de bolsa Portfolio Personal. Se revisará la situación del país nuevamente en 2018 y, si el próximo año se aprueba el status de país emergente, recién en 2019 se hará efectiva la modificación.

El banco de inversiones Morgan Stanley publicó un documento en el que justifica su decisión. Consideró importante que “el país abolió las restricciones cambiarias y los controles de capitales dando como resultado un tipo de cambio flotante, la eliminación de las reservas de efectivo y los límites de repatriación mensual que afectan al mercado de acciones y la supresión del período de bloqueo de capital para las inversiones”. 

Pero aclaró que “aunque el mercado de renta argentino cumple la mayoría de los criterios de accesibilidad para los mercados emergentes, la irreversibilidad de los cambios relativamente recientes aún debe ser evaluada”. Los informes de las agencias de bolsa coinciden en que esto debe leerse como “un castigo al elevado déficit fiscal y a la incertidumbre por las elecciones de medio término”. El reclamo que queda expresado para el próximo año es el de un fuerte recorte del desequilibrio fiscal, lo que implicará un duro ajuste del gasto.

En la City mostraron un fuerte pesimismo por la noticia y aseguraron que en las próximas semanas podría haber un cambio de tendencia en la entrada de capitales especulativos que se observa en los últimos meses. Plantearon que esto le pondría un piso al tipo de cambio por arriba de 17 pesos. Mencionaron además que esta semana el Banco Central no consiguió renovar letras (Lebac) por unos 122 mil millones de pesos y que esa masa de billetes podría presionar aún más sobre el dólar en este escenario de incertidumbre. 

Ayer la divisa escaló hasta un nuevo record de 16,54 pesos, acelerando una suba de que había arrancado a mitad de semana pasada y elevó la cotización en 40 centavos. En el mercado mayorista, ayer se produjo un alza de 7 centavos, hasta 16,25 pesos, su mayor valor histórico de cierre. Durante la rueda el precio mayorista había escalado hasta 16,50, aunque luego apareció la oferta y aplacó la suba.

Otro efecto que podría observarse para el segundo semestre, según especialistas del sector financiero, es un aumento en la tasa de interés que debe pagar el país para emitir nueva deuda. Economistas heterodoxos apuntaron también que podrían registrarse nuevas presiones sobre el proceso inflacionario por efecto del aumento del dólar.

Los bonos argentinos recibieron la noticia con un menor impacto que las acciones. El Bonar 2024 retrocedió 1,0 por ciento, el Discount 2033 bajó 1,2 y el PAR lo hizo en 1,8. Otras contracciones fueron las del 1,9 por ciento del Argentina 2046 y del 2,0 del Argentina 2021.

 En lo que refiere a los bonos atados a la cotización del dólar (bonos dollar-linked), se marcó un alza del 1,2 por ciento del BDC20 y del 1,9 por ciento del BCD19. Esto se debe a la suba del dólar y a las mayores expectativas de devaluación para las próximas semanas por un menor ingreso de capitales especulativos.


DENUNCIA CONTRA MACRI POR LA DEUDA ETERNA

En el mismo diario se comenta una de las tantas denuncias que tiene el Presidente Macri. En este caso la  denuncia incluye también al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo. La presentaron diputados del Frente para la Victoria, quienes advirtieron que la emisión un bono a cien años es "ruinosa para el Estado" y se realizó "con la clara intención de beneficiar a los tomadores de deuda". 

Por: Adrian Figueroa Diaz

Macri sumó una nueva denuncia penal en su contra.  

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Diputados nacionales presentaron una denuncia penal por “defraudación” contra el presidente Mauricio Macri y tres ministros de su Gabinete por la colocación de bonos de deuda en dólares a cien años, una operación a la que calificaron como “ruinosa para el Estado”. “Tenemos que ponerle un límite al endeudamiento serial”, subrayó el legislador Darío Martínez, impulsor de la denuncia.

La presentación contra Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, respectivamente, se sustenta en el artículo 73 del Código Penal, que refiere a “estafas y otras defraudaciones”. Fue presentada este mediodía en los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Además de considerar que la operación es “ruinosa” para el Estado y pedir el procesamiento de los funcionarios nacionales, también se le solicitó a la Justicia que revele información sobre comisionistas, gestores y tomadores de bonos.

“Está claro que se trató de una operación con la clara intención de beneficiar a los tomadores de deuda y perjudicar al Estado”, definió Martínez, quien redactó la denuncia que contó con la firma de otros 17 diputados nacionales.

El objetivo, dijo a Página/12, es “ponerle un límite al endeudamiento serial del Gobierno” y explicó por qué: “Se tomaron 2.750 millones de dólares a una tasa anual del 7,9 por ciento a cien años. En 13 años tendríamos cubierto el capital recibido y el resto (87 años) sería para el pago de intereses. Esto sobrepasó todos los límites.”

Para el legislador nacional, “esta operación podría haberse hecho a otra tasa y con otro plazo”. No obstante, si bien reconoció que “es cierto que el Presidente tiene la potestad de tomar deuda, tal como lo indica la ley de Presupuesto, lo que no tiene es permiso para hacer este tipo de operaciones tan perjudiciales para el país”, argumentó.

Además de la denuncia en sede judicial, la idea es que el tema sea discutido en el marco del Congreso, donde ya existe un proyecto presentado por el diputado kirchnerista Guillermo Carmona para que el nivel de endeudamiento quede atado al Producto Bruto Interno (PBI).

Con este antecedente y tras el escándalo que desató la noticia del endeudamiento centenario, se estima que habrá legisladores de varios bloques opositores que harán rodar el debate parlamentario en comisiones.

La emisión de un título de deuda a cien años era algo inédito hasta ahora en Argentina. Tal como lo consignó este diario, la operación estuvo a cargo del HSBC, Citigroup, Santander y Nomura. Permitió captar el lunes 2750 millones de dólares, aunque los bancos extranjeros recibieron órdenes de compra por una suma cercana a los 10 mil millones de dólares.

Pese a las garantías otorgadas por el Gobierno, la reducción en el costo del financiamiento no fue significativa. Los bonos centenarios tienen un cupón de interés de 7,125 por ciento anual y, como los títulos se vendieron por debajo de su valor nominal, el rendimiento as Por Mariano Beristain / Resumen Latinoamericano / MuchoMásQueDos / 27 de abril de 2017 – Los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, en nombre del Instituto Arturo E. Sampay, presentaron una demanda judicial contra el presidente Mauricio Macri y los funcionarios de Cambiemos que intervinieron este año en las operaciones de deuda acusándolos de hipotecar los recursos naturales de la República como garantía de pago.

La presentación advierte que si la Argentina, por alguna razón, ingresa en default deberá someterse a los tribunales arbitrales de Nueva York (Estados Unidos), Londrés (Reino Unido) y Suiza y, de ser necesario, tendrá que rematar los recursos naturales para cumplir con sus compromisos financieros con los acreedores.

En un escrito que publicó en exclusiva Mucho Más que Dos, Barcesat había anticipado los argumentos centrales de la presentación judicial al afirmar que “no satisfecho con la ruinosa negociación con los fondos buitres (…) ahora el Ingº Macri ha profundizado el endeudamiento y la sujeción a futuro de generaciones de argentinos, al comprometer, en todos los endeudamientos pactados en el curso del año 2017, como respaldo de los pagos de servicios e intereses, el conjunto de los recursos y riquezas naturales”.

La operatoria gubernamental que denuncian los jurisconsultos es sencilla. El 11 de enero de 2017, a través del decreto 29/2017, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por hasta U$S 20.000 millones o su equivalente en otra moneda y definió la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales sitos en Nueva York y/o Londres.

 Acto seguido, dejó constancia de la renuncia de la Argentina a la defensa de la inmunidad soberana y excluyó de este desistimiento a las reservas del Banco Central, los bienes diplomáticos, la herencia cultural, los depósitos bancarios, valores y otros medios de pago.

 Sin embargo, el decreto nada dice en su cuerpo central de los bienes comprendidos en el artículo 236 del código civil. Incluso en el anexo, de más de 400 páginas, termina incluyendo expresamente los recursos naturales, como prenda, en el caso de que la Argentina no pueda afrontar el pago de los intereses o del capital de la deuda. El 6 de abril Macri informó, a través del Boletín Oficial, que el Gobierno tomará deuda por 3.000 millones de francos suizos bajo similares condiciones a las de la operatoria del 11 de enero, decreto que también lleva las firmas del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Finanzas, Luis Caputo.

El artículo 236 del Código Civil y Comercial refiere a los bienes del dominio privado que pertenecen al Estado Nacional, Provincial o municipal entre los que se encuentran los inmuebles que carecen de dueño, las minas de oro, plata, piedras preciosas, sustancias fósiles (petróleo, carbón y gas), según lo normado por el Código de Minería. Pero también incluye a los lagos no navegables y todos los bienes adquiridos por el Estado Nacional.

“Es decir que quedan fuera de la protección de inmunidad de ejecución, por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos. También las empresas del Estado”, puntualiza, en uno de los párrafos, la demanda que presentaron Cholvis, Cortis y Barcesat contra el presidente Macri.

La demanda contra Macri ingresó el viernes último en el juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 a cargo de María Romilda Servini de Cubría.

Según se desprende del escrito existe la presunción de tres delitos: lucro indebido para sí o para terceros, fraude a la administración pública, y dictar resoluciones en contra de la Constitución. Todos estos delitos están previstos en los artículos 173 (inc 7), 174 (inc 5) y 248 del Código Penal. 

Las penas previstas son de hasta seis años de prisión para este tipo de delitos pero Barcesat precisó que, si se comprueba el cometido de “traición a la patria”, a Macri y a los funcionarios involucrados podría caberles una condena de hasta 15 años.

Una de las interrogantes que se planteó Barcesat es el escaso acompañamiento político que ha tenido esta denuncia entre los legisladores del oficialismo y la oposición.

 “A excepción Dario Martínez (FpV-PJ Neuquén) y Guillermo Carmona (FpV-Mendoza) los legisladores se hicieron a un lado. Nosotros iniciamos este caso el 2 de febrero de este año y nos ofrecimos como patrocinantes pero no hemos podido conectar el apoyo de los diputados”, se lamentó Barcesat.

Cholvis, Corti y Barcesat también iniciaron, a mediados de marzo del año pasado, una demanda contra Macri y su equipo económico por el “ruinoso” acuerdo con los fondos buitres, al considerar que este convenio podría disparar demandas por U$S 384.000 millones o el equivalente a la deuda argentina por parte de los bonistas que participaron de los canjes del 2005 y 2010 y cobraron menos que los buitres.

La denuncia, que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, supone los delitos de “traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

 A propósito de este juicio, a fines de noviembre del 2016, el fiscal Federico Delgado llamó a indagatoria a Eva Cattaneo, subgerente de Normas de Exterior y Cambios del Banco Central y a Pedro Ignacio Lines, director Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC, al detectar irregularidades en el pago a los fondos buitres que ordenó Macri. 

En los últimos 16 meses el sector público tomó deuda por casi U$S 90.000 millones, más de U$S 80.000 millones correspondientes a la Nación y alrededor de U$S 9.600 millones de los estados provinciales.

En este marco, Barcesat deja entrever que el sobreendeudamiento podría derivar, en un futuro cercano, en la declaración de un default que habilite a los acreedores a litigar contra el país poniendo en peligro los apetecidos recursos naturales.

No se trata de una quimera. La Argentina aún tiene fresca las heridas de la crisis de deuda del 2001-2002 y las apetencias de los buitres por apropiarse de los recursos naturales están más latentes que nunca.

 “En su momento, Paul Singer le dijo a la Argentina que si no tenía dinero pagara con las acciones de Vaca Muerta”, recordó Barcesat a Mucho Más que Dos. Sin embargo, más allá del carácter judicial, las causas por los holdouts y el endeudamiento con hipoteca de los recursos naturales contra Macri tienden un cono de sombra sobre la verdadera intencionalidad de Cambiemos, un gobierno encabezado por funcionarios que hasta hace 16 meses revistaban como ejecutivos de multinacionales, entidades financieras extranjeras y grandes empresas locales.

Un escenario de crisis de deuda similar al 2001-2002 no sólo pondría en jaque la gobernabilidad de la administración de turno sino que dejaría totalmente vulnerable al Estado respecto del control de nuestros recursos naturales.

 FISCALIA DENUNCIA AL PRESIDENTE MACRI

El 15 de febrero del 2017 fue por una deuda contraída por empresa de su padre que  lo beneficiaría.  (Reuters)

La Fiscalía denunció al presidente argentino, Mauricio Macri, y al ministro de Comunicación, Óscar Aguad, por perjudicar al Estado tras un acuerdo suscrito con el Grupo Macri, empresa del padre del mandatario, para resolver una deuda pendiente que contrajo cuando administró el correo postal del país. 

El pacto, firmado en junio de 2016, fue cuestionado por la Fiscalía por un supuesto conflicto de intereses al considerar que permite al Grupo Macri pagar una exigua tasa de interés tras la quiebra de Correos S.A.

De acuerdo con el fiscal, Macri “resultaría beneficiario de forma directa o indirecta” de la empresa (Grupo Macri) y, por ende, del acuerdo que fue firmado por su gobierno el año pasado.

EN AMBITO  FINANCIERO 

Denuncian a Macri por supuesto fraude tras entrega de rutas "low cost

La justicia federal recibió este lunes una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, entre otros acusados por un supuesto fraude al Estado.

 El fraude se cometería con la transferencia de la aerolínea Macair, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, también del Grupo Macri, que según la presentación existiría un posible conflicto de intereses por la promesa de acceso a frecuencias de vuelo. 

La denuncia transcribe el documento mediante el cual se autoriza a Avianca por la ANAC, al uso nacional e internacional de las Rutas Aéreas. "Estas -de acuerdo a la presentación- se superponen en todos los casos a las que navega en la actualidad Aerolineas Argentinas".

"La principal afectada por el arribo de Avianca, que ya adelantó 6 aviones y en 2018 tendría 18, sería Aerolíneas ya que el gigante "colombiano" (hoy en manos de la Flia Macri) busca hacerse de los vuelos de cabotaje donde la línea de bandera es líder", dice la denuncia.

La presentación quedó radicada ante el juzgado federal 9 a cargo de Luis Rodríguez y fue realizada por Fernando Miguez de fundación por la Paz y Cambio Climático.

"Este fraude en contra del ESTADO NACIONAL tiene nombres y apellidos; MACRI, PEÑA, QUINTANA, DIETRICH, IRIGOIN y COLUNGA", dice la denuncia.

La presentación también alcanza a Juan Pedro Irigoin, titular de la ANAC, Mario Quintana, coordinador del gabinete económico y Carlos Colunga, vinculado al grupo Macri.

En la denuncia se advierte por un posible "quebranto de nuestra empresa de bandera ante una competencia desleal toda vez la misma compite con la empresa cuyo titular es la Familia MACRI".

"También el Presidente de AVIANCA es el ex CEO de Macair el Sr. Carlos Colunga, obviamente siguen siendo ambos empleados y testaferros de MACRI", dice la denuncia.

El denunciante pidió suspender todo lo actuado en ese sentido por el Estado y "en orden al poder dominante de los Sres. Funcionarios DIETRICH e IRIGOIN en relación a la presente denuncia solicito su URGENTE DETENCION toda vez ambos "FUNCIONARIOS DESLEALES" pueden entorpecer la investigación preliminar.

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QUOTE 

By : THE ECONOMIST

Print edition | The Americas

Jun 22nd 2017

To lose  a minister to congressional censure is a normal hazard of democratic life. For a government to lose four in its first year, including the ministers of finance and the interior, on spurious grounds smacks of a parliamentary conspiracy. That is the drama that may soon face Pedro Pablo Kuczynski, Peru’s president.

A year ago Mr Kuczynski, a former investment banker, narrowly won a run-off election because slightly more Peruvians abhorred his opponent, Keiko Fujimori, than supported her. In an election for congress two months before, his political group had won just 18 of the 130 seats while Ms Fujimori’s Popular Force won 73 (partly because less populated regions are over-represented).

Popular Force, helped by opportunistic allies, has made its majority felt with spoiling operations. In December congress censured Jaime Saavedra, the capable education minister, who was promptly hired to run the World Bank’s global education division. Last month the transport minister resigned rather than face censure over a (justified) revision to a contract for a new airport for Cusco, the former Inca capital. On June 21st congress voted to sack Alfredo Thorne, the finance minister; it is poised to do the same to Carlos Basombrío, the interior minister.

Mr Basombrío’s sins include not arresting a few peaceful demonstrators carrying pictures of Abimael Guzmán, the jailed leader of the Shining Path terrorist group. Mr Thorne’s troubles began after he received the comptroller-general, Edgar Alarcón. The encounter was surreptitiously taped, apparently by Mr Alarcón. During it, Mr Thorne mentioned the comptroller’s budget and urged him to approve the contract for the Cusco airport. It was politically maladroit to discuss the two issues in the same meeting. But it is Mr Alarcón, not Mr Thorne, who is ethically challenged. The comptroller, who has aligned himself with the fujimoristas, is being investigated for illicitly dealing in cars and using public money to pay off a former mistress (which he denies).

The differences between the government and the fujimoristas are not ideological, according to Mr Kuczynski. “Here we have a group that resents my being the president,” he told Bello. “They have collaborated on the big stuff but they like little gestures that show their dissatisfaction with not being in the palace.” Ms Fujimori has taken defeat hard. She has barely appeared in public in the past year. She has had only one conversation with Mr Kuczynski, and that had to be arranged by Lima’s Catholic archbishop.

Mr Kuczynski inherited a slowing economy. He wanted to speed up public investment and move forward stalled mining projects. He and the country suffered a double dose of bad luck. An admission of corruption by Odebrecht, a Brazilian contractor, forced the suspension of several big infrastructure projects in Peru. Then floods killed 147 people, washed away roads and, reckons the president, reduced annual economic growth by a percentage point, to 3%. Reconstruction will take two years and cost $6.5bn, he says. The climate of suspicion in congress slows new government contracts, while political uncertainty discourages private investment. Plans to reform Peru’s corrupt and inefficient judiciary have been stymied, a case of “big stuff” being blocked by the opposition.

Mr Kuczynski faces a choice. He could seek a grand bargain, for example by pardoning Ms Fujimori’s father, Alberto, an autocratic former president jailed for abuses of power. But that would alienate the anti-fujimoristas whose votes won him the presidency. A better strategy would be to call his opponents’ bluff. Peru’s constitution allows the president to turn a ministerial censure into a matter of confidence in the government as a whole. If two successive cabinets are rejected by congress, the president can call a fresh legislative election, in which the fujimoristas would probably lose seats.

Mr Kuczynski seems to be following both tracks. He says he is looking at the possibility of pardoning Mr Fujimori: “The time to do it is about now.” But he also says that he will “definitely” make Mr Basombrío’s permanence a matter of confidence. Do that, and “they are unlikely to censure anyone”, he declared.

Some of his travails are his fault. Although he has government experience, Mr Kuczynski is not a political animal. His cabinet consists of technocrats and business people. The result is an administration that lacks a political strategy and discipline in the way it communicates. Find them, and Mr Kuczynski—and Peru—can win this battle against pique and obstruction. The alternative is to drift on, like a rudderless boat whose occupants are picked off by sniper fire.


Escrito por

dennis falvy

Economista de la Universidad Católica con un master en administración en la Universidad de Harvard; periodista en economía .


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