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¿PUEDE LA FORMA ENCUBRIR EL FONDO Y POR ENDE  A LA JUSTICIA QUE LA MAYORIA  RECLAMA?

POR AQUELLO DE SEGURIDADES JURIDICAS CON UN SISTEMA JUDICIAL NO OK

Publicado: 2017-04-28

Por:Dennis Falvy 

La búsqueda de justicia es un camino complicado, cuando hay conceptos absolutos, como el de Presunción de Inocencia o el de “Cosa Juzgada”, que obviamente pueden ser relativos, en tanto que no hay forma de asegurar que luego de un debido proceso y de una absolución en que se determinó que el acusado era inocente de los cargos, este en realidad sea culpable. La Cosa Juzgada lo protege. Pero nuestra legislación si funciona para el condenado .Si hay prueba de inocencia nuevas, se levanta la “Cosa Juzgada”. Es decir,de locos. Cosas de abogados y políticos, sin duda alguna.Por eso lo legal no se acerca a la justicia. En el Perú se aleja.

Eso entonces y tienen razón, la legalidad los ampara .Es un claro concepto que defienden cazurros abogados, como Roy Gates, que se ha dado el lujo de mentir públicamente con argucias en el proceso de la  Doña Heredia con, por ejemplo, que ellos ahorraron US$ 100,000 en su estadía en París y Seúl, pues el gobierno peruano les pagaba todo, lo que es falso . Roy  reclama por todos los medios  que puede la “Seguridad Jurídica” de la Cosa Juzgada para el caso Madre Mia, que él defendió exitosamente. Y ,si uno lo escucha y se pone frío, tiene toda la razón bajo la “ legalidad” peruana tan acomedida para los que más tienen.

PERO  ... EL PERO DE SIEMPRE

Pero sucede que el país entero asiste a algo inaudito. Que un caballero llamado Lula da Silva, que trató de que la expectorada Dilma  lo nombrara ministro de su país para escapar de serias acusaciones y que todavía niega, pese a que todo lo indica como bribón;tal parece que ha sido uno de los culpables de que empresas como Odebrecht y Camargo Correa, entre otras, hayan corrompido a diversas personajes en diversos países, con un afán de que su ideología capture a los mismos. Lo mismo se puede decir del fallecido  Comandante Chávez. 

Y claro como la legalidad exigía pruebas y hay enormes filtros en las leyes electorales, para que por ejemplo en las campañas los candidatos se metan el dinero al bolsillo y engañen hasta a sus partidarios , que los ayudaron a llegar al poder, los iltros o ventanas legales que son dejadas a propósito por una clase política mediocre y convenida, tenemos en el Perú algo inaudito : Todos los presidentes desde que volvió la democracia con Belaúnde ( a excepción de Paniagua que estuvo en un tramo muy corto) y desde el año 1985 , tienen problemas enormes con la justicia pero siguen gozando de sus cambios patrimoniales, explicados con cosas absurdas, tales como son las consultorías, las conferencias en el extranjero , los saldos de campaña y etc. 

Incluyendo las sospechas o suspicacias por el presidente  actual , que la verdad nadie entiende como con su “ brillantez” pergeño su horrible actuación en el tema de la carretera interoceánica y como habiéndolo despedido en un almuerzo el inefable Alejandro Toledo, al año de ser ministro de economía, porque lo sustituyo por Silva Ruete que estaba en ese misma reunión y al lado ,él con sangre de orchata  regresó a servir a tamaño cuasi delincuente y falso tipo hasta el final . Hoy saliendo de su reunión en Iquitos con sus ministros y con 5 gobernadores regionales, le dijo a la prensa que un presidente no debe opinar sobre temas judiciales, cuando la prensa le pregunto sobre Humala.

LA MENTIRA COMO ARMA

No voy aquí a repetir lo que es obvio para todos. La estrategia del hoy denominado nuevamente Capitán Carlos, quien con poses altaneras en dos conferencias de prensa , ha señalado que Alan Garcia era el que lo mando chuponear ; que lo quieren acusar de recibir dinero de Artemio,para inhabilitarlo “ políticamente” cuando él lo capturó al terruco y lo de la Cosa Juzgada, entre tantas pavadas que este señala, como aquello de que las agendas de la Doña eran de él, incluyendo la de “Sólo para Mujeres”. Es decir además de la mentira tonta, la forma y no el fondo, para tremenda acusación que algunos la ligan con la “Lesa Humanidad”. Que no es otra cosa , según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional , que todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales .

UNA RETAHILA DE ACUSACIONES

Ya hemos tocado en este blog, anteriormente, como El Comercio le da tanda a este cínico señor, asesorado por abogados que no saben ya cómo sacar conejos, liebre y sapos de sus sombreros de magos.

EL EDITORIAL DEL COMERCIO HOY

Se titula el pasado de Humala.Y señala que el ex presidente vuelve a recurrir a evasivas en lugar de proporcionar explicaciones verosímiles sobre el Caso Madre Mía.

En los últimos días, el ex presidente Ollanta Humala ha aseverado que existen motivaciones políticas detrás de la difusión de los polémicos audios. “Están buscando cómo judicializar o cómo inhabilitar al ex presidente Ollanta Humala, a su señora esposa o a cualquier dirigente del Partido Nacionalista”, denunció. (Foto: Rolly Reyna/El Comercio). 

En los últimos dos días este Diario ha venido informando sobre el contenido de varios audios en poder de la fiscalía desde el 2011, los cuales mostrarían –de boca del propio ex presidente Ollanta Humala y sus allegados– las coordinaciones realizadas para la presunta compra de un testigo en el Caso Madre Mía, con la finalidad de absolver al líder nacionalista del proceso que se le seguía por supuestos delitos de violación de derechos humanos ocurridos mientras dirigía la base militar ubicada en la región San Martín.

No solo los audios, sino la declaración en exclusiva a El Comercio de Jorge Ávila –el testigo que confesó haber recibido los pagos ilegales de personas cercanas al entonces candidato nacionalista– explicarían lo que muchos investigadores, defensores de derechos humanos y periodistas denunciaron hace varios años: el extraño cambio de sentido de los testimonios que inculpaban a Humala durante el proceso, para beneficiarlo.

De manera poco sorpresiva, la revelación del contenido de estos audios motivó una airada respuesta del ex mandatario. Sin embargo, en lugar de dar explicaciones verosímiles, el líder nacionalista ensayó una estrategia defensiva basada en distracciones o argumentos tangenciales.

En primer lugar, apenas inició la conferencia de prensa que convocó el pasado miércoles, el ex jefe de Estado señaló que los audios en los que se escuchaba su voz –la cual él mismo reconoció– se habían recogido de manera ilícita por orden de su antecesor en el cargo. “Ese señor [Alan García] ha estado de presidente de la República y ha permitido, por acción o por omisión, que se haya realizado este acto escandaloso que afecta la democracia”, señaló Humala. Y agregó, refiriéndose al ex líder aprista: “Si esta persona se daba el trabajo de meterse a temas de ‘narcoindultos’ con ese detalle, cómo no se va a dar cuenta de que estaban chuponeando a Ollanta Humala Tasso”.

Un alegato con un tinte político que no solo resulta falso sino que además trasluce la poca consideración del señor Humala por la separación de poderes. En efecto, tal como ha sido recogido en las notas periodísticas sobre el caso y precisado por el propio fiscal de la Nación, las interceptaciones telefónicas fueron lícitas y dispuestas por un juez en el marco de una investigación que se hacía sobre el cabecilla senderista ‘Artemio’ y sus nexos con la ex congresista nacionalista y dirigente cocalera Nancy Obregón.

Por otro lado, el ex mandatario denunció que el Ministerio Público estaría intentando forzar una conexión entre él y el terrorismo. “Estarían tratando de encausarnos por el tema de terrorismo, cuando yo he sido el que capturó justamente a ‘Artemio’”, afirmó de manera sibilina, pues hasta donde se conoce, en ningún momento se le ha imputado a él algún tipo de responsabilidad o vinculación con líderes terroristas. Por lo que solo se puede atribuir un propósito distractor a las manifestaciones del presidente del Partido Nacionalista.

Finalmente, cuando se le interrogó sobre el contenido de los audios y lo que estos podrían revelar en torno a su responsabilidad, tanto en el asunto de la presunta compra de testigos como en los crímenes de Madre Mía, el señor Humala se limitó a señalar que dichas investigaciones ya habían concluido. “Esos temas que usted menciona –retrucó a una periodista– han pasado hace siete años. Ya fueron investigados, entraron a un proceso judicial y fue archivado, y hoy día tiene la categoría de cosa juzgada”.

Un dato que si bien puede ser cierto, tratándose de potenciales crímenes de lesa humanidad y de la posibilidad de que el proceso que investigó dichos sucesos estuviera viciado por la compra de testigos, no lo blinda jurídicamente frente a la posibilidad de una reapertura de la investigación, como ya han advertido algunos especialistas en la materia.

Y más importante aun, las evasivas e intentos de victimización del señor Humala –a las que tanto él como su esposa nos tienen acostumbrados– no lo protegen frente a las interrogantes de la opinión pública que seguirán pendientes mientras siga tratando de barrer bajo la alfombra los vestigios sobre un pasado que todavía se percibe sombrío.

SAN MARTÍN ASEGURA QUE FALLO POR MADRE MÍA NO FUE FRAUDULENTO.

Juez defendió fallo del año 2009 que archivó el caso por el que se investigó al ex presidente Ollanta Humala

"No creo que alguien pueda decir que ese proceso es fraudulento y que se creó con la expresa voluntad de liberar a un pretendiente a la presidencia", señaló el juez César San Martín sobre el Caso Madre Mía. (Foto: Archivo El Comercio) 

César San Martín fue el juez titular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que en diciembre del 2009 archivó definitivamente el Caso Madre Mía, ratificando que no había lugar para pasar a juicio oral a Ollanta Humala. Más de 7 años después, el magistrado aseguró que el proceso no fue fraudulento y que se resolvió con el bagaje de información que se tenía en ese momento, pues por entonces no se conocían las interceptaciones telefónicas al ex presidente difundidas recientemente dando cuenta de un presunto soborno a testigos.

“Esa información no la teníamos, nadie la tenía”, sostuvo San Martín en rueda de prensa en el Palacio de Justicia. “Esto no es un proceso fraudulento porque salió ese audio en donde fluye, de ser exactos sus términos, que en efecto se habría producido un pago”, agregó.

Según dijo el magistrado, durante el proceso se tomó la declaración de 78 personas, se realizaron múltiples pericias, diligencias, informes del Ejército, entre otros elementos. “De todo ese conjunto de situaciones se generó una lógica de que no había prueba positiva [...] No creo que alguien pueda decir que ese proceso es fraudulento y que se creó con la expresa voluntad de liberar a un pretendiente a la presidencia en ese momento. Hablamos del 2009”, refirió.

Asimismo, César San Martín prefirió no especular sobre la posibilidad de reabrir el Caso Madre Mía. “En lesa humanidad siempre se sostiene la posibilidad de reabrir una causa por derechos humanos, siempre y cuando se acredite que el proceso ha sido fraudulento. Ante el hecho de que se encuentre una prueba con posterioridad que podría variar todo el sentido, la pregunta es: ¿esa prueba hace el proceso fraudulento? Unos pueden decir que sí y otros que no, lo dejo al debate de los juristas. No fijo posición”, manifestó.

De otro lado, reconoció que durante el proceso se reunió con el abogado que entonces tenía Humala, Omar Chehade. Sobre esto, mencionó que los jueces están obligados a recibir en audiencia privada a los abogados y litigantes que quieran conversar y pidan una cita.

“En ese caso, por mandato de la ley, yo me reuní a pedido del abogado que era el doctor Chehade. No tengo ninguna otra relación”, acotó.

HERMANA DE VICTIMA DEL CAPITAN CARLOS :RECHAZO US$ 20,000

• Por: Graciela Villasís Rojas Unidad de Investigación

Durante 25 años, Teresa y Carmen Ávila Rivera buscaron justicia y sanción para los autores de la muerte de su hermana Natividad y del esposo de esta, Benigno Sullca, a manos de militares de la base contrasubversiva en Madre Mía. Ellas acusaron a Ollanta Humala, a quien señalaron como el ‘Capitán Carlos’, de ser el responsable directo de ambos asesinatos.

Teresa no aceptó los ofrecimientos económicos que le hicieron intermediarios del candidato nacionalista para que abandonara las denuncias en su contra. Postura distinta a la de su hermano menor, Jorge Ávila, quien aceptó US$4.500 para retractarse de su acusación.

“La persona que intentó sobornarnos a nosotras fue Robinson Gómez, cuñado de Jorge Ávila, juntamente con Amílcar Gómez, pero a Amílcar Gómez nunca se le veía la cara, sino que solamente se comunicaba con el celular”, recordó Teresa Ávila en entrevista con la Unidad de Investigación de El Comercio tras conocerse las interceptaciones al entorno de Ollanta Humala.

Ella asegura que su sobrina María, hija de Natividad, le advirtió que Robinson Gómez la iba a buscar a su casa en Ventanilla para ofrecerle dinero: “Algo de 20 mil dólares. Entonces yo le digo: ‘Y tú cuánto estás ganando’”. Gómez le respondió que su comisión era de S/1.000.

Teresa le contó a la Coordinadora de Derechos Humanos que Gómez la visitaría y ellos le recomendaron grabarlo y eso fue lo que hizo. Existe un registro visual en el que queda plasmado el ofrecimiento de dinero que le hizo Robinson Gómez, en nombre de Amílcar Gómez, a cambio de que ella retirara su denuncia.

Teresa Ávila recuerda que Robinson también visitó la casa de su sobrina María, hija de su hermana fallecida Natividad, para intentar sobornarla. Primero ofreció US$10 mil y ante la negativa de ambas mujeres, Robinson aumentó su oferta: “Al día siguiente nos ofreció 20 mil”.

Teresa agregó que lamentaba que su propio hermano, Jorge, los haya traicionado a pesar de que él mismo había sido secuestrado y sometido a torturas junto a Natividad y al esposo de esta: “Él se retractó, cambió su versión a cambio de dinero. Después nos enteramos de que mensualmente el señor Ollanta Humala le mandaba su plata a través de Amílcar”. Dice que con ese dinero se compró dos mototaxis a nombre de su esposa y pagó en efectivo, a pesar de que solo ganaba 800 soles mensuales.

Cuando se encontró con su hermano en pleno juicio, Teresa recuerda haberle increpado: “¿Por qué mientes? ¿Por qué hablas que no las has vivido [las torturas]? A nuestra hermana la han matado. ¿Por qué nos malogras? ¿Es que no sientes nada por tu hermana? ‘No –me dijo–. Ustedes sigan para adelante’, me respondió”.

–EL ENCUENTRO CON EL ‘CAPITÁN CARLOS’–

Teresa Ávila recuerda como si fuera ayer la conversación que asegura haber sostenido con Ollanta Humala cuando se enteró de que un grupo de militares ingresó de madrugada a la casa de su hermana y se la llevaron a rastras.

“Usted los ha traído acá, capitán. Dígamelo de frente. ¿Me vas a entregar a mi hermana o la vas a matar?”. “Mira ve, si está en mis manos, yo sí la voy a matar”, le habría respondido Humala.

En ese momento, Teresa Ávila cuenta que se desesperó y suplicó al llamado ‘Capitán Carlos’: “Le dije: ‘Por el amor que usted le tiene a sus hijos, a su familia, a su madre o padre, entrégueme a mi hermana. Si usted va a matar, no mate a mi hermana’ [...]. ‘No –me dijo–, antes hubieran pensado en eso’. Le dije: ‘Me corto un brazo porque sé que usted la tiene. A mi hermana la están torturando arriba’.

Antes de retirarme le dije: ‘Algún día vas a pagar, algún día vas a llorar. Mírame bien, algún día vas a llorar así como mis sobrinos que están llorando esperando a sus padres en su casa, tú vas a llorar. Algún día tus hijos van a llorar’”.

–HALLAZGO DE VÍCTIMAS–

Días después de aquel encuentro con Ollanta Humala, el cuerpo de Benigno Sullca fue hallado: “Al único que encontré fue a mi cuñado con una bala en la frente [...]. Maniatado con ropa de militares. Estaba hinchado y todo, pero lo encontré. De miedo lo hemos tapado con hierbas en el río [...]. Su yerno lo enterró por ahí porque no podían hacer pasar el muerto porque [los militares] vigilaban el río”. Los restos de Natividad nunca fueron encontrados.

Carmen, otra de las hermanas, agregó que habló con Ollanta Humala en tres oportunidades sobre la desaparición de su hermana y cuñado. Dice que este le contestó: “Yo no sé qué ha pasado con ellos. Estarán presos, estarán vivos”. Entonces, Carmen le increpó: “Pucayacu es una zona blanca”. De acuerdo a su relato, Humala Tasso alzó la voz y la botó del lugar: “Fuera de acá [...] olvídate de tu cuñado y de tu hermana”.

–NOTARIO IDENTIFICA A GÓMEZ AMASIFUÉN–

El notario público de la provincia de Leoncio Prado (Huánuco) Mario Aníbal Arias Jaramillo fue la persona que validó la declaración jurada con la que Jorge Ávila, testigo del Caso Madre Mía, se retractó en el 2006 de su acusación contra Ollanta Humala.

Arias Jaramillo reconoció a Amílcar Gómez Amasifuén como la persona que acompañó a Ávila para hacer el trámite.

“Es la persona que acompañó al testigo que manifestó aquí en mi oficina hacer una declaración jurada para retractarse del Caso Madre Día”, señaló el notario cuando este Diario le mostró una foto de Gómez.

Incluso afirmó que el suboficial en retiro del Ejército Peruano, hombre de confianza de Humala, fue quien pagó por el servicio.

AVELINO GUILLEN

Señala que está claro que la compra de testigos se ha producido. Hay audios y está la propia declaración de Jorge Ávila. Pero para el caso Madre Mía el delito de falso testimonio ya prescribió. Por eso Ollanta Humala se pone a la ofensiva: sabe que han corrido los plazos de prescripción.

Sin embargo, habría que ver hasta qué punto se puede sostener una ejecutoria suprema (el archivo del caso) en un proceso fraudulento, en razón de que hubo una conducta destinada a comprar testimonios. Una cosa juzgada se da cuando hubo un proceso regular, pero si yo amenazo a un testigo para que cambie su testimonio, se traduciría en una cosa juzgada fraudulenta. Esta situación puede reabrir el caso Madre Mía.

Además, se tienen que evaluar las circunstancias de los presuntos asesinatos y torturas. Si fue una práctica sistemática, recaeríamos en una delito de lesa humanidad que no tiene prescripción.

Le corresponde al Ministerio Público solicitar la evaluación del caso al PJ.”

¿PUEDE REABRIRSE EL CASO MADRE MÍA CONTRA HUMALA?

El abogado Azabache opina que“No puede descartarse nada que tenga relevancia legal. Y estas grabaciones sin duda la tienen”. 

“La evidencia solo debe eliminarse cuando se refiere a cuestiones como las enfermedades o vicios del investigado, que a nadie tienen por qué interesar”. (Foto: Archivo El Comercio).

En una columna que ha publicado El Comercio el abogado César Azabache Caracciolo, señala entonces :

Espero que para el momento en que usted lea estas notas la fiscalía haya explicado por qué las grabaciones difundidas esta semana permanecieron prácticamente ocultas por seis largos años sin ser usadas. Aparentemente las grabaciones provienen del caso de la señora Nancy Obregón, ex parlamentaria nacionalista detenida en julio del 2013 por narcotráfico. Se trata entonces de hallazgos casuales, no buscados por las autoridades. Se entiende fácilmente por qué las grabaciones no fueron empleadas en el caso en el que se obtuvieron: no se referían a los hechos por los que fueron registradas. Son parte del “material excedente” obtenido en esas investigaciones. La regla aplicable en estos casos consiste en entregar este tipo de grabaciones a quien esté encargado o deba encargarse del asunto. La evidencia solo debe eliminarse cuando se refiere a cuestiones como las enfermedades o vicios del investigado, que a nadie tienen por qué interesar. Pero no puede descartarse nada que tenga relevancia legal. Y estas grabaciones sin duda la tienen.

Lo debería haber confirmado ya la fiscalía. Aparentemente las grabaciones quedaron en el archivo porque el Caso Madre Mía y el caso original sobre los sobornos pagados a los testigos de ese caso habían sido, ambos, desestimados antes por el Poder Judicial. Las reglas aplicables a estos casos son muy claras: cuando es la fiscalía la que desestima una investigación, el caso puede ser reabierto en base a nuevas pruebas. Pero cuando los casos son desestimados por el Poder Judicial, queda prohibido reabrirlos. Y esta prohibición es una “regla dura”: no admite excepciones. En algún momento discutimos en el medio la posibilidad de revisar absoluciones o autos de sobreseimiento (ambas son las vías principales para desestimar un caso penal) cuando estas decisiones se basen en fraudes de algún tipo. Pero la ley vigente no lo admite.

Entonces la fiscalía no hizo nada con este material porque estimó que nada más podía hacer. Esto es cierto conforme a las reglas del derecho interno. Pero estas reglas no son las únicas que entran en discusión en estos casos.

Para comenzar, creo que el estado actual de nuestras normas sobre cosa juzgada es incorrecto. Hay un principio fundamental en el derecho y es que las personas que violan la ley no pueden adquirir inmunidades, ventajas, ni derechos de tipo alguno gracias a fraudes u obstrucciones a la justicia. Por eso, hace años que los prófugos quedaron excluidos del alcance de la prescripción. Pero, por la misma razón, quien esconde las evidencias de su propio crimen no debería contar con protecciones legales si las evidencias que ocultó aparecen. Comprar testigos es prácticamente lo mismo que haber escondido un cadáver o las armas con que se cometió un homicidio. Las reglas de derecho no pueden premiar a quienes eluden a la justicia mediante estratagemas de este tipo. Nadie, en ningún caso, debe poder obtener ventajas de sus propias infracciones a la ley.

Entonces, si confirmamos que estas grabaciones son confiables (la fiscalía tiene en esto la palabra), tiene que haber alguna solución legal que nos permita investigar los hechos sin hacernos sentir a todos que el sistema legal es tonto o no tiene sentido. Por supuesto, no podemos hacer algo tan grosero como modificar ahora las reglas sobre revisión de absoluciones y aplicarlas al caso. En el derecho interno podemos tener las manos atadas para resolver problemas como este. Pero para eso existe el derecho internacional.

He sostenido en estos días que el caso puede ser llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agrego ahora que también puede ser llevado directamente a la Corte, si el Estado decide plantear una consulta sobre el alcance de la cosa juzgada en casos como este. Y la Corte puede, sin duda, remover los obstáculos que mantenemos y abrir la vía de una investigación imprescindible con cierta prontitud.

Nos guste o no, en casos como este, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha quebrado ya los efectos de la amnistía, del indulto y de la prescripción. No veo razón que le impida quebrar además los efectos perjudiciales de la cosa juzgada si la regla está –y encuentro que entre nosotros está– mal concebida. De hecho, la Corte ha insistido en que los deberes de un Estado frente a casos como Madre Mía no pueden eludirse oponiendo a las investigaciones obstáculos procesales que no resulten absolutamente justificados. Y los impedimentos que ahora enfrentamos para llevar a proceso a alguien que aparentemente sobornó a los testigos de cargo no pueden considerarse justificados.

CASO MADRE MÍA: ¿IMPRESCRIPTIBLE?

Por: Fabiana Nuñez del Prado

"Sostener que no se podría proceder a una reapertura del Caso Madre Mía implica no tomar en cuenta el derecho internacional".

"El conocimiento de las interceptaciones telefónicas que podrían vincular al ex presidente Ollanta Humala con la compra de testigos en el Caso Madre Mía ha llevado a diversas especulaciones sobre su posible reapertura". (Foto: Archivo El Comercio)

• Fabiana Núñez del Prado ; Abogada especialista en derecho penal internacional, señala que el conocimiento de las interceptaciones telefónicas que podrían vincular al ex presidente Ollanta Humala con la compra de testigos en el Caso Madre Mía ha llevado a diversas especulaciones sobre su posible reapertura. Entre estas se ha mencionado la aplicación del principio de cosa juzgada y se ha refutado la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad como base para sostener que una reapertura del caso sería ilegal. Sin embargo, estos argumentos no toman en cuenta la aplicación del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos.

El caso trata de una acusación presentada contra el ex mandatario por la supuesta comisión de los delitos de desaparición forzada y asesinato, en agravio de los esposos Natividad Ávila y Benigno Sullca, así como de tortura contra Jorge Ávila Rivera. Dichos delitos, cabe precisar, son considerados crímenes de lesa humanidad bajo el derecho penal internacional. Tres años después de su apertura, el caso fue archivado en diciembre del 2009 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, la cual, ante las contradicciones de algunos testigos, consideró que no había mérito para proceder al juicio oral por las supuestas violaciones a los derechos humanos.

Se entiende por cosa juzgada aquel principio que impide que se persiga penalmente a una misma persona por los mismos hechos una vez dictada una sentencia o auto de sobreseimiento (fallo que determina que no hay mérito para pasar a la fase oral de un juicio). Sin embargo, en los casos de posibles violaciones a derechos humanos, es necesario un análisis más detallado antes de definir si la cosa juzgada impide una posterior reapertura. Ello implica considerar el respeto al debido proceso y la valoración del material probatorio, lo que incluye la aparición de nuevos hechos o pruebas. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C IDH) en el caso de la masacre de La Rochela vs. Colombia, donde señala expresamente que el principio de cosa juzgada implica la intangibilidad de una sentencia solo cuando se llega a esta respetándose el debido proceso, y que la aparición de nuevos hechos o pruebas que puedan ayudar a determinar los responsables de graves violaciones a los derechos humanos puede ser razón suficiente para reabrir una investigación. Incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada. El Estado Peruano, al haber aceptado la competencia contenciosa de la CIDH, se encuentra obligado a tomar en cuenta lo establecido en sus sentencias.

Respecto de la imprescriptibilidad, es cierto que una aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) –tratado que define los crímenes internacionales, incluyendo los de lesa humanidad y determina su imprescriptibilidad–, así como una intervención directa (La fiscal de la CPI, puede, en ejercicio de su jurisdicción intervenir sobre un Estado cuando este no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento, o no pueda realmente hacerlo) no sería posible, dado que la CPI recién es competente a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el 2002. Además, el Perú aún no se encuentra en posibilidad de aplicar el Estatuto, pues no ha implementado las disposiciones de dicho tratado en su ordenamiento interno.

Sin embargo, el Estado Peruano sí ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968, con lo que se comprometió a respetar y aplicar sus disposiciones. Entre ellas, el artículo I b), donde se señala claramente que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles aun si los actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.

De acuerdo con algunas opiniones, la imprescriptibilidad no sería aplicable a hechos anteriores a la ratificación del tratado por parte del Estado Peruano (agosto del 2003). Sin embargo, esta interpretación deja de lado el análisis legal del objeto, fin y contenido del tratado (en este caso, establecer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad), un principio que resulta imperativo en el derecho internacional para la interpretación de los tratados.

Por ello, sostener que no se podría proceder a una reapertura del Caso Madre Mía alegando la aplicación del principio de cosa juzgada implica no tomar en cuenta las particularidades del derecho internacional por tratarse de violaciones a los derechos humanos. En el mismo sentido, alegar la no imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad sería ignorar las obligaciones del Estado Peruano frente al derecho internacional, adquiridas al momento de ratificar la convención de 1968.

 EL  EX ABOGADO DE HUMALA EN MADRE MIA

El Semanario de Hildebrandt aparecido hoy le dedica en sus páginas 11 y 12 un estupendo artículo que recomiendo que lo lean, en donde se transcribe textualmente el reportaje que se le hiciera de parte de este mismo semanario el en septiembre del año 2,011; vale decir apenas a 2 meses en que este Ollanta Humala asumiera el cargo con el aval completo de Vargas Llosa,Toledo y la Confiep; además de los antifujimoristas e ingenuos izquierdistas.

 Carlos Escobar señala allí que como abogado de Humala,  tomó nota de que había comprado testigos para el tema de Madre Mía: La entrevista efectuada por el mismo Hildebrandt , debiera servir como prueba de lo que es este señor que miente sin remordimiento alguno. Escobar responde  en un momento de la  extensa entrevista ante las preguntas :

A) En el caso de las muertes: ¿Hablamos de responsabilidad mediata o de responsabilidad directa? 

*** Escobar responde: Directas por las razones que he expuesto.

B) Y, en el caso de la compra de testigos? 

*** Escobar reponde: Directa también. Es Ollanta quien da el dinero.

COMENTARIO FINAL

Cuando se destapo el lío de Odebrecht con el tema de la acusación de la Corte de Justicia de los EEUU, todos pensamos que via decreto de urgencia PPK habilitaría de dinero al ministerio público de inmediato . No lo hizo. 

En un programa televisivo el abogado Azabache, tomando conocimiento que “Ojitos” es  Francisco Eguiguren,  quien ha sido coordinador de Humala para sus casos judiciales, ministro y embajador  de ese gobierno y está ahora en la Comisión de Derechos Humanos; el gobierno via la cancillería debe preguntarle a la Corte (CIDH )directamente, si es probable que este caso de Madre Mía, podría ser levantado en su calidad de Cosa Juzgada. 

Han pasado ya varias horas y hoy PPK, como señalé, dijo , desde Iquitos, que el no creía que el presidente debe opinar sobre temas judiciales, lo cual esta bien, pues ya hemos visto lo mal que le fue a Duberli Rodriguez por hablar tanto. 

Pero eso no le quita que instruya a su canciller a que haga la consulta a la CIDH urgentemente , como debió hacerse  con NNUU por la irregularidad del puesto de la Doña Heredia en la FAO, que el mismo calificó con sus bromas y carcajadas en el pasado CADE, como si la periodista fuera invitada a tocar el cello en la Sinfónica.


Escrito por

dennis falvy

Economista de la Universidad Católica con un master en administración en la Universidad de Harvard; periodista en economía .


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