Por: Dennis Falvy  

El Domingo 08 de Mayo del año pasado, se publicó en el Diario El Comercio, un artículo del periodista Fernando Rivas que titula el verano del 69: PPK y la página 11 en la maletera. En el mismo sumilla que el candidato de peruanos por el Kambio tuvo su bautizo judicial y político tras el golpe militar de Juan Velasco . El ‘trolleo’ de campaña ha difundido esta historia: PPK robó la página 11, la mítica hoja del contrato entre el Perú y la International Petroleum Company (IPC) que, al desaparecer, provocó tal escándalo que Juan Velasco lo usó de coartada para derrocar a Fernando Belaunde en octubre de 1968. 

¿TIENE ASIDERO TAMAÑA ESPECIE?

No. Es una leyenda urbana. Lo único que encaja es que no se sabe quién desapareció la bendita hoja y PPK ya era un muchachón con conexiones en 1968. Pero, vamos, no se le conocen antecedentes de ladrón ni de espía, ni estuvo en el cargo indicado para meter mano al legajo entre una transnacional y nuestra Empresa Petrolera Fiscal (EPF).

Más bien, PPK sí estuvo, pocos meses después, en pleno verano de 1969, envuelto en otro lío que enfrentó al Estado Peruano con la IPC. Pero vayamos por partes.

La IPC tenía en 1922, condiciones en extremo ventajosas para explotar petróleo en el norte peruano. Poseía los yacimientos de La Brea y Pariñas, y controlaba todas las instancias del mercado. Era una situación insostenible para cualquier gobierno de relente nacionalista. El de Belaunde lo era. Algunos medios periodísticos lo alentaban a que tomara los yacimientos y renegociara con la IPC.

Quien más reclamaba una salida nacionalista era Carlos Loret de Mola, el gerente de la EPF. Hasta que fue llamado a Palacio en la noche del 12 de agosto de 1968. Allí encontró a Belaunde con varios ministros y a Fernando Espinosa, el jefe de la IPC, con ejecutivos de su empresa y diplomáticos gringos.

En “La página once” (Ed. Libre1, 1978), cuenta de las idas y venidas de ambos bandos, con las hojas del contrato. La entrega de La Brea y Pariñas ya estaba asegurada, pero Loret de Mola bregó hasta que anotó de puño y letra, en la última página, la 11, el precio mínimo garantizado (US$1,0835) que la IPC le cobraría por barril a la EPF.

A Loret de Mola le marcó la vida lo que sucedió esa madrugada. El 13 fue un día suspendido en el tiempo, pues fue con Belaunde a Talara, a la toma simbólica de La Brea y Pariñas, y a la firma del Acta de Talara, que no era más que el inventario de lo entregado. Los diarios y la TV mostraron la bandera peruana flameando ante las torres.

Pero Loret de Mola sabía que era una farsa. La IPC seguía controlando las bocas de salida del petróleo y había desaparecido la página 11 del contrato. El funcionario lo denunció a cuanta autoridad pudo. Pero los ministros belaundistas no le hicieron caso; estaban hasta el copete manejando su crisis de gobernabilidad. Entonces fue a la televisión y contó, en los canales 4 y 5, que funcionarios corruptos se habían confabulado con la empresa extranjera.

Tal fue la conmoción, que precipitó el golpe de Estado del 3 de octubre. Y pocos días después vimos, manu militari, una nueva toma de Talara. Ese 9 de octubre se bautizó como Día de la Dignidad. Esta ocupación sí parecía ser definitiva. Pero tampoco lo era. Loret de Mola lo sabía y lo explica en las 600 páginas de sus memorias.

—¿QUÉ PINTA EN ESTO PPK?—

El joven Pedro Pablo tenía 30 años en 1968 y era uno de los precoces gerentes del Banco Central de Reserva, a las órdenes del gerente general Carlos Rodríguez Pastor. Sucede que, a pesar de los bombos y platillos con los que se anunció la estatización de la IPC, esta siguió controlando las bocas de salida del petróleo y remesando sus utilidades a la Standard Oil, su matriz en EE.UU. Para esto, necesitaba que el BCR le otorgara certificados de divisas, y el banco, como solía hacer en estos casos, le dio 13 autorizaciones desde octubre de 1968 hasta febrero de 1969. Las firmaron Rodríguez Pastor y PPK.

Loret de Mola, que había renunciado a la EPF pero era un referente en materia petrolera, le advirtió al propio Velasco que todo seguía igual en Talara. En su libro cuenta: “Velasco quería ponerse a cubierto de críticas por su inacción, y montó un aparato de investigación y punición [...] Designó la Comisión Carbonel que, naturalmente, acusó a muchos funcionarios del Gobierno, del BCR y de los ministerios de Hacienda y Fomento” (pág. 516).

La comisión presidida por el vicealmirante Enrique Carbonel se instaló el 27 de febrero y, con asombrosa celeridad, evacuó su informe el 15 de marzo. Este se publicó en El Comercio del 16 y señala a los responsables de que la IPC haya remesado S/2.000 millones de la época. En el punto E se dice: “Hay responsabilidad del gerente general doctor Carlos Rodríguez Pastor y del gerente Pedro Pablo Kuczynski, que decidieron los 13 otorgamientos de certificados de divisas sin las respectivas resoluciones ministeriales”. Más adelante también se culpa al consultor legal del BCR Francisco Moreyra García por asesorar a sus gerentes para que otorgaran los certificados sin el respaldo ministerial.

Conversé con Richard Webb, que trabajó en el BCR de aquel entonces, y me dijo lo siguiente, a propósito de los apuros de Rodríguez Pastor, de PPK y de Sandro Mariátegui, ex ministro acciopopulista que fue encarcelado luego del golpe: “Es el campo minado en la vida de todo funcionario público. Siempre hay un trámite que no se cumplió y por eso existen denuncias”.

Por supuesto, pedí a PPK su versión sobre el informe de la Comisión Carbonel. Me envió estas líneas: “El Gobierno militar buscó chivos expiatorios en los directivos del BCR de entonces. Nos acusaron de haber otorgado divisas sin autorización ministerial. Fuimos perseguidos y tuvimos que salir del país. Luego de un proceso judicial que duró 8 años, la Corte Suprema de Justicia nos absolvió de los cargos que nos hicieron a varios directivos del BCR”.

PPK suele contar que se fugó por la frontera con Ecuador en la maletera de un Volkswagen. Con semejante bautizo, conoce perfectamente los riesgos de la tramitología y de las relaciones peligrosas entre el poder y las grandes empresas.

UN PEQUEÑO COMENTARIO

Tengo yo dos versiones más. Una que me conto in extenso el mismo PPK en el departamento de la de ahora base 6 ( la Susanita)en el Golf de San isidro, cuando yo trabajaba para Frecuencia Latina como asesor del Directorio de Ivcher y con un equipo veíamos los enormes problemas que dejaron los Winter en el canal y asimismo tenía un programa que se denominaba “No Negociable”. 

Me pareció interesante y plausible la detallada, estructurada y didáctica explicación del entonces ministro de economía de Toledo .

 Tiempo después un notable funcionario gubernamental y de manera casual y recordando a ese gran hombre que fue Luis Bordo, me señaló que el pobre señor “ pago pato”; pues al haberse olvidado de publicar el ministro Ulloa el dispositivo en El peruano el 2 de Octubre del año 1968 ;  el libramiento de lo que se tenía que pagar a la IPC al dia siguiente que el mismo PPK le diera por teléfono el VB y or3en a Bordo  para la remesa correspondiente, cuando se fugaron ; Lucho cayó en desgracia y afortunadamente por una serie de cosas que no es el caso transmitir en este post, fue reevindicado, pues vaya que era un funcionario “ fuera de serie”.

PERO ESTO SI ES ACTUALIDAD

• El mismo Comercio publica hoy este suelto de lo que sucedió con la declaración del abogado Monroy en la Comisión Lava Jato. Favor de leerlo con acuciosidad( aunque yo ya lo había adelantado en mi post colgado hace un lapso : sobre Prescripción Penal)

LAVA JATO: ACTA SOBRE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA EN ENTREDICHO

Abogado Juan Monroy negó haber entregado informe el 4 de agosto del 2005, que sirvió para la firma de contrato

Juan Monroy asegura que es imposible que haya tenido listo un informe para el 4 de agosto.

El periodista Martín Hidalgo Bustamante :

Señala que el abogado Juan Monroy negó ante la Comisión Lava Jato del Congreso haber entregado el 4 de agosto del 2005 el informe sobre el cual de basó Pro Inversión para avalar contrato de la Interoceánica.

Hace una semana, el contralor Edgar Alarcón afirmó que era oportuno revisar el contrato de la IIRSA Sur (Carretera Interoceánica). El pedido hoy toma fuerza con el testimonio del abogado Juan Monroy, quien ha puesto en duda la veracidad del acta de Pro Inversión con la cual se firmó el contrato de la obra. Según el testimonio de Jorge Barata, el ex presidente Alejandro Toledo cobró una coima de US$ 20 millones por este proyecto.

Ante la Comisión Lava Jato, el abogado Monroy negó haber entregado el 4 de agosto del 2005 el informe sobre el cual se basó Pro Inversión para avalar la firma de contrato por los tramos 2 y 3 que se otorgaron a Concesionaria Interoceánica Sur, integrada por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales; y el tramo 4 que lo ganó el grupo Intersur Concesiones, conformado por las brasileñas Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Quiroz Galvao.

Estos consorcios habían sido anunciados como los postores ganadores el 23 de junio del 2005. La fecha de cierre para la firma de contrato vencía el 4 de agosto.

El problema surgió un día antes, el 3 de agosto, cuando la vice contralora Rosa Urbina envió un documento donde indicaba que la Constructora Norberto Odebrecht, Quiroz Galvao y la peruana Graña y Montero estaban impedidas de contratar porque mantenían juicios pendientes con el Estado Peruano.

En el acta de Pro Inversión del 4 de agosto se usó un supuesto informe de Monroy para desestimar la observación de la contraloría. “Que, en el informe legal del doctor Juan Monroy Gálvez del Estudio Monroy, de fecha 4 de agosto de 2005, se concluye lo siguiente: En función de lo señalado, consideramos que el oficio de la contraloría es inocuo [...]”, se lee en el acta.

Pero según Monroy, su informe fue entregado entre el 8 y el 10 de agosto, y no el 4 como dice el acta. “Si allí aparece que el día 4 tienen un informe mío, eso es absolutamente falso, es un imposible. No puedes ir a partida registral y eran seis expedientes judiciales que había que revisar”, aseveró ayer ante la Comisión Lava Jato.

En ese sentido, Monroy deslindó de cualquier responsabilidad sobre el contenido del acta del 4 de agosto. “Toda la información que hay en mi informe implica trabajo de decenas de horas. Yo soy responsable del contenido que hago. Si hay alguien que recibe esta consulta y, teniendo una función pública, la utiliza en otro contexto es terrible, muy malo”, aseveró.

Al respecto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde cuestionó: “¿Cómo pueden haber discutido en la sesión de Pro Inversión un informe que no existía?”.

En tanto, el aprista Mauricio Mulder aseguró que esto representa un delito por falsa declaración en documento público. “Acá incorporaron en el acta un elemento que no se redactó ese día”, manifestó Mulder.

El aprista recordó que el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo en la reunión del 4 de agosto cuando se firmó el acta mencionada por Monroy. Era titular del Consejo Directivo de Pro Inversión en su calidad de ministro de Economía.

MI COMENTARIO

Es lacónico. PPK tiene que deslindar esto que es muy grave. No en vano uno de los blogueras del Comercio señala con claridad meridiana:

Melanie Mainza

“PPK tendrá que responder por esto dado que era titular del Consejo Directivo de Pro Inversión, y que no se haga el chistoso esta vez que la gente ya está HARTA “.

LA REPUBLICA SOBRE LO MISMO

Juan Monroy: “Adulteraron la fecha de mi informe sobre Odebrecht”

Monroy en su laberinto. Abogado Juan Monroy asegura que en la fecha de la firma del contrato de Interoceánica, su informe legal no existía. Con el documento, Pro inversión dejó de lado observación de Contraloría para no contratar a Odebrecht.

La periodista María Elena Hidalgo, señala que el abogado Juan Monroy Gálvez, autor del informe legal en el que se basó el Gobierno de Alejandro Toledo para entregarle a Odebrecht la concesión de la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica, reveló al Congreso que su informe lo entregó días después del 4 de agosto del 2005, fecha en que se firmó el contrato.

Ante la Comisión Lava Jato, Monroy aseguró que era imposible que su informe pudiera haber sido entregado el 4 de agosto de 2015, dado que fue ese día cuando el gerente de Pro inversión, Percy Velarde, se comunicó con él para solicitarle vía telefónica un informe legal sobre la posibilidad de que las empresas Odebrecht, Graña y Montero y Queiroz Galvao pudieran contratar con el Estado.

Monroy explicó que el documento le fue requerido debido a un oficio enviado por la Contraloría General de la República donde ponía en conocimiento de Pro inversión que las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero S.A.A. y constructora Queiroz Galvao S.A. tenían procesos judiciales con el Estado.

El abogado explicó ante los miembros de la comisión que aceptó elaborar el informe, pero fue entregado días después, ya que requería de tiempo para revisar el estado de las empresas, los expedientes y acudir a los juzgados.

¿QUIÉN MIENTE?

Sin embargo, el mismo día que el Consejo Directivo de Proinversión, presidido por el entonces premier Pedro Pablo Kuczynski, pidió la opinión del estudio jurídico Monroy, se continuó con el proceso y firmaron los contratos de concesión, pese a las objeciones de la contraloría. El contrato fue firmado en Palacio de Gobierno por el presidente Toledo, el 4 de agosto de 2005.

En el acta del contrato se citaron las conclusiones del abogado Monroy que señalaban que no existía incompatibilidad para que les fuera adjudicada la obra

Según el informe en minoría del ex congresista Juan Pari, en el acta del contrato se cita el informe de Monroy: "Consideramos que el oficio de Contraloría es inocuo respecto de la regularidad del concurso llevado a cabo por Pro inversión, porque se refiere a sujetos distintos de los que conformaron los consorcios que se adjudicaron la Buena Pro. (...) no existe juicio iniciado a Norberto Odebrecht S.A., de manera que no genera ningún cuestionamiento respecto de la regularidad del concurso...".

Monroy reconoció que lo citado en el contrato sí corresponde al contenido de su informe enviado a Pro inversión pero que las fechas no coinciden.

"Es idéntica al documento que guardo, pero este documento yo no lo he entregado en esa fecha. Lo hice entre el 8 o 10 de agosto. No tengo los cargos, pero es imposible que lo hiciera el 4 de agosto. Tenía que ir a los juzgados y leer 8 expedientes y eso toma tiempo. Es imposible. Esa acta es irregular. Demandaré a los involucrados", expresó.

Según su explicación, Pro inversión habría usado un informe posterior para redactar un documento con una fecha cambiada.

MI COMENTARIO

Este suelto de La República, señala lo de Juan Pari y levanta dudas. En consecuencia PPK tiene que aclarar el tema. No puede estar evadiendo cosas que no están nada claras. ¿Alguien decía que las Comisiones Congresales no servían para nada? (José Ugaz y Carlos Bruce, entre otros; que señalaban que con el ministerio público bastaba y sobraba) .